Saltar al contenido

EXPROPIACIÓN. Procedimiento ordinario y forzoso, justiprecio…

La Expropiación en España. Cómo es el procedimiento. Qué es el justiprecio…

En la actualidad, uno de los temas que está teniendo más relevancia, sin duda es la expropiación, aunque simplemente esta palabra puede generar pánico a ciertas personas, sin embargo para otras será un término desconocido.

En España, las expropiaciones son casos que se están dando con más frecuencia, por lo tanto cada vez la población se interesa saber un poco más sobre ¿Cómo funciona?, o ¿Que puedo hacer ante un caso de expropiación?, entre muchas preguntas más.

Por lo tanto, en este escrito trataremos de darte todas las herramientas para que puedas saber a detalle cómo funciona una expropiación, sobre todo, dejando claro que nuestro objetivo con este artículo, sin duda será la educación y comprensión de conceptos que pueden ser difíciles de entender.

¿Que es una Expropiación?

Podemos partir desde el punto más básico, ¿Que es la expropiación?, si citamos a la RAE; encontraremos la siguiente definición

Privar a una persona de la titularidad de un bien o de un derecho, dándole a cambio una indemnización. Se efectúa por motivos de utilidad pública o interés social previstos en las leyes“.

Entonces, cuando no enfrentamos a una expropiación, significa que una administración se dirige a una persona para quitarle un terreno, siempre y cuando vaya utilizar dicho terreno para satisfacer los derechos públicos de la población.

¿Qué es la Expropiación Forzosa en España?

La expropiación forzosa igual que su concepto general, es simplemente el sacrificio del derecho que tienen los particulares frente a un interés general, pero el fundamento, sobre todo de un poder tan poderoso sobre los derechos de los ciudadanos, no podía ser otro que el constitucional.

Por lo tanto, en la Constitución Española en su artículo 33 en su tercer apartado, nos indica lo siguiente:

Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes

De este modo; la Carta Magna de la Constitución, ampara la llamada potestad expropiatoria, y esta potestad es un poder general atribuido a la administración pública al servicio del interés general.

Como toda potestad supone un privilegio increíble, del que no disfrutan los particulares, pero, a veces carecen de idea y no va dirigido al servicio de una finalidad de un interés general.

En este caso la constitución vincula de utilidad pública o al interés social, pero no se detiene, sobre todo se encarga en atribuir a las administraciones la potestad expropiatoria, sin pensar que existe una administración estatal, junto a las administraciones territoriales locales y autonómicas.

¿Cómo actúa el Legislativo?

Lo que hace es repartir el pastel, por lo tanto la legislación, regula las garantías de los procedimientos, trámites o criterios de valoración.

Todo esto se atribuye al estado como competencia exclusiva o misión general para el mismo, ya que el derecho de la propiedad se deriva del código civil; siendo el único informe para los ciudadanos.

La gran disyuntiva ¿Quién decide expropiar?

Surgen una serie de cuestiones; que nos permiten clasificar las distintas modalidades de expropiación la primera es, ¿Quién lo manda y quién decide expropiar?

Ello nos permite distinguir entre expropiaciones legislativas los cuales arrancan mediante un “Decreto-ley”, que se llevó a cabo la expropiación del grupo de empresas que desembocó en la Sentencia el Tribunal Constitucional.

Mediante el precio, esto es sin necesidad de que fuera previamente determinado el justiprecio, sino que podría acudirse al pago posterior cuando se cometiera la decisión mediante el decreto ley; por razones extraordinarias y de urgente necesidad.

¿Qué significa la utilidad Pública y el interés social?

Si hablamos de expropiación es legislativas debemos hablar por contraste de las expropiaciones administrativas; esto es las que acometen; nos llevan a cabo de las administraciones públicas.

¿Porque se realiza una expropiación?, pues como decíamos antes el interés general que se bifurca el derecho español en dos caminos; la autoridad pública o el interés social.

  • La Utilidad Pública: Es aquella finalidad que afecta a todos directamente al interés; que es una seguridad a la salud al dominio público general, y que no se le añade el llamado interés social que es un interés mucho más remoto.
  • Interés Social: El interés social corresponde a servicio ciudadano, una expropiación puede ser de este tipo, cuando el bien en cuestión simboliza una importancia para crecimiento en el día a día de una población o sector, por lo tanto es una de las razones donde más se respaldan una expropiación.

La utilidad pública e interés social; se halla en que la declaración del mismo no queda en manos de la arbitrariedad de la autoridad; ya que se está en cada momento sino que debe ser una ley formal, en consecuencia una ley emanada del parlamento o bien una ley específica que se declaró de utilidad pública.

También, si se tiene una finalidad determinada o ingeniería respecto de una categoría de bienes en materia eléctrica, medioambiental, educación o salud.

Cualquier tipo de planificación que el legislador considere al servicio de los intereses generales, y que tenga su reflejo o precisen la obtención de determinados bienes.

Además, nos encontramos con que; el legislador bendice la existencia de esa utilidad pública que late en las determinaciones de tales planes, con lo cual se produce una degradación formal de la expropiación.

¿Cómo es el procedimiento de expropiación forzosa?

Ya que tenemos una idea más clara de lo que es la expropiación, entonces vamos explicarte de una manera general el cómo funciona una expropiación forzosa.

La expropiación, es un plan que normalmente no se aprueba por los gobiernos estatales autónomos.

En el caso del planeamiento urbanístico, en buena parte de las ocasiones lo aprueba el propio gobierno local de cada corporación.

Cómo se acomete la expropiación; bajo esa perspectiva podemos diferenciar entre las expropiaciones ordinarias, considerando que lo normal es que paguen antes de ocupar el terreno.

Otro de los  casos más urgente en el cual se invierte el orden es aquel en el que estado; no se puede demorar en la determinación del justiprecio y el pago, sobre todo en estos casos estas expropiaciones urgentes pasan por la ocupación inmediata o la toma de posesión del bien, para iniciar su adscripción a la finalidad pública.

Se puede hacer el llamado al éxito previo del precio estimado, y luego ya sin prisa se va determinando el justiprecio en la práctica que se ha tenido.

¿Cómo actúa la Administración?

Ya que la administración, por economía ha preferido acudir por las expropiaciones urgentes, una paradoja es que las leyes han evolucionado en un primer momento más bien a algo pre-constitucional.

Se consideraba que determinar que algo era urgente, y la decisión de una expropiación urgente era la potestad discrecional de la Administración del gobierno de turno, y como tal no era susceptible de control por los tribunales contencioso-administrativos.

Sin embargo, el tribunal constitucional y el tribunal supremo; se han encargado posteriormente de considerar que la urgencia no es algo que exista o deje de existir al capricho o al gusto de la autoridad, sino que es fácil determinar y probar en cada caso si existía realmente urgencia en función de las circunstancias de algunos sujetos, los actores y los factores de una protección.

Lo consideraremos bajo una perspectiva triangular en tanto, y en cuanto haya una administración expropiante, hay un sujeto expropiado.

En ocasiones existe un beneficiario, pues bien, la administración expropiante es la que acomete.

La que pilota el procedimiento expropiatorio son administraciones públicas territoriales, es decir aquellas que no sólo tienen un poder público y no sólo tienen un interés específico general, sino que además se asientan sobre un marco territorial.

Esto es manejado propiamente por la administración estatal, las administraciones autonómicas y por las administraciones locales de base territorial, por tanto quedan excluidas las llamadas “administraciones institucionales”.

Esto es para que un organismo autónomo, un colegio profesional o una universidad; pueda acometer por sí una expropiación.

En resumen:

Para que haya una expropiación forzosa tendrá que haber tres protagonistas que serán: la administración expropiante, el sujeto expropiado y por último el beneficiario.

  • La Administración expropiante: siempre tendrá que ser una organización pública territorial.
  • El Particular: Esta será la persona que se le expropiaron, sobre todo tiene que estar en los registro público del país.
  • El Beneficiario: será la parte que se beneficie de dicha expropiación.

Procedimiento

Con los propietarios, para que sepan lo que se les avecina, tiene lugar un procedimiento de información pública.

En este punto se ha dicho que el decidir si se expropia todo, o parte de ese todo, es una potestad discrecional de la administración, si la administración considera que no le sirve para nada puede desestimar esa petición de expropiación y limitar la expropiación parcial.

Pero, si es así, tendrá que indemnizar al dueño del bien, como consecuencia de que su explotación pueda ser antieconómica.

A continuación, tras la información pública en el momento de la resolución, se inicia el procedimiento de expropiación, y a partir de aquí caben los recursos administrativos y jurisdiccionales que son propios para discutir, por ejemplo, esa necesidad de ocupación que existía del bien.

Hemos de señalar que el procedimiento es una garantía que importa, frente al poder es el propietario tiene derecho, se recomienda que se siga el procedimiento porque esas reglas y trámites están intentando asegurar que el sacrificio de la propiedad o del derecho sea en su justa medida.

Se contempla que la administración no juegue con la potestad expropiatoria en contra del ciudadano, de ahí que si se desiste la administración de la expropiación iniciada y no la consuma se haya ocupado en una propiedad.

El titular del bien tendrá derecho a que se le indemnice, y si se lo ha ocupado ya el bien, entonces se indemnizará en su totalidad.

También la expropiación tiene una determinada causa objetiva más allá todavía incluso si invade más allá del 50% de la finca originaria, en esos casos el ciudadano atribulado tiene menos opciones de subir por la vida de la responsabilidad patrimonial, que por la actuación de la administración.

¿Como es la indemnización al Particular?

Lo más habitual será acudir a una vía de hecho decirme que la administración se ha apartado del procedimiento de la competencia, se ha extralimitado, ha actuado sin título jurídico y por tanto tengo derecho a ser indemnizado.

En caso de ser indemnizado lo que ha hecho la jurisprudencia ha sido apreciar con una compensación la bonificación correctora es decir usted se ha saltado el procedimiento, es propietario, por tanto administración tendrá que indemnizar el ciudadano pagando el justo precio, además incrementado en un 25% de su valor y acabamos de justiprecio.

Ya que hablamos de la compensación por el sacrificio veamos cómo se determina:

En primer lugar, en la fase transaccional se intenta llegar a un acuerdo, un convenio informal que si llega o fructifica en un consenso se plasmará en un documento, y se pondrá término a la pieza de determinación del justiprecio en esta provocación se presenta una hoja de aprecio, por el particular se le dice “presente usted es su hoja de aprecio tiene 20 días la administración la acepta o rechaza”.

Si la Administración la rechaza y no hay de acuerdo, es el momento en que hay que trasladar las actuaciones y debe fijar el justiprecio un jurado de expropiación, esto es un órgano colegiado formado por especialistas que representan los intereses de la propiedad, los intereses públicos y el cual está llamado a fijar el justo precio.

Se presume su imparcialidad e incluso los tribunales; presumen su acierto lo cual es muy distinto de decir que resultan infalibles, ya que caben pruebas para demostrar el error en su valoración, y cuáles son las pautas para concretar ese precio que tiene que observar el jurado expropiaciones, y no lo digan los tribunales

Bien, en primer lugar, la Fecha de referencia para ver lo que valía la finca o el vino del derecho, es tomar el momento de inicio de la pieza separada del expediente esto es cuando la administración efectúa el requerimiento al particular, para que proponga el precio para que mueva ficha y diga lo que espera que se le compense.

En segundo lugar, también que se fije el precio que resulta como justo el legislador, demuestra su sensibilidad y considera que debe pagarle un premio de afección de esto es un 5% de compensación por las molestias.

Con el afecto que le tenía al bien, asimismo si no se paga a los seis meses en este caso se deben dar los intereses de demora hasta que se pague definitivamente.

En definitiva, lo que hace el legislador es velar por que el ciudadano cobre puntualmente ya que al fin y al cabo él ha habilitado su bien con su derecho, a sí mismo, como la administración rechazó la protección total, tendrá que compensarle el demérito que supone la expropiación parcial y si la expropiación fue se nubla como decía el justiprecio se verificará con ese 25% adicional.

Contencioso Administrativo

Si no satisface el precio fijado por el jurado provincial de expropiación entonces la contienda pasará a los tribunales de lo contencioso-administrativo.

En este caso quien mueve la pieza de promover el pleito ante los tribunales contencioso-administrativos suele ser normalmente el expropiado que dice que se le paga poco por el jurado provincial de expropiación, que ha fijado un precio que no le conviene convence o bien al contrario puede ser el beneficiario opine que es que el precio es excesivo y que le parece mucho.

Tener que pagar por él solo, por lo tanto son pleitos triangulares y complejos en los cuales está la administración expropiante, el beneficiario y el particular que soporta la expropiación con intereses contrapuestos, y como la cuestión es una cuestión objetiva, determinar el valor.

Al final acaba siendo una discusión técnica, si es una discusión técnica y no jurídica al final acaba cada parte trayendo a sus propios peritos, tenemos el criterio del jurado que se alza sobre esa resolución o imparcialidad que deriva el humedal especializado de la administración.

Por otra parte, los peritos, los técnicos, los arquitectos, ingenieros, agrónomos son los titulados en función de la hortaliza bien expropiado que son los que verás por eso criterio cuantificado de lo que es justo.

Todas estas experiencias están sometidas a la sana crítica, esto es a la valoración por el órgano judicial, por el juez o la sala que valoran cada pericia tomando en cuenta varias consideraciones del dado.

El rigor con que está construida, cuál es su método, cuál es la cualificación del perito, sobre todo a la vista de las aclaraciones que se efectúan siendo muy importante que cada parte pida todas las aclaraciones posibles.

Que estime preciso del informe del perito o sea del propio del ajeno, ya que en contraste se hace la luz, y por supuesto como las protecciones aisladas de los terrenos normalmente las grandes operaciones sean urbanísticas o de interés general.

Sobre todo, abarcan distintos bienes  y propiedades, a veces en ocasiones para evitar la incoherencia de distintas valoraciones que puede tener terrenos colindantes.

Los tribunales contencioso-administrativos; lo que hacen es utilizar una determinada pericia que ha servido para zanjar un pleito y su resultado aplicarlo en otro distinto.

¿Como tener una pericia en un caso de expropiación forzosa?

Para tener una pericia ajena para importarla a otro procedimiento es preciso someter la alegaciones y audiencia de las partes.

finalmente, lo que resulta del juicio de los tribunales cuando revisan lo examinan o confirman en la decisión del jurado; pues tienen un marco en cual se mueven que es el principio de vinculación de cada propuesta a los actos propios.

Si el particular hizo una hoja de aprecio en lo cual estimaba un precio a su finca, y el jurado territorial o provincial fijó otro precio, esa es la banda en la cual deben fluctuar la valoración definitiva que fijen los tribunales contencioso-administrativos.

Una vez, que han analizado la validez y eficacia de los distintos informes periciales.

La determinación de las valoraciones de las expropiaciones, particularmente la inmensa mayoría suelen ser urbanísticas, y para ello hay que tener en cuenta que el régimen de valoraciones de la expropiación urbanística es competencia del estado.